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El 1 de enero de 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa (la «CTA»), que obliga a todas las entidades constituidas o registradas para hacer negocios en Estados Unidos a notificar la información sobre la propiedad efectiva a («FinCEN»), con cumplimiento a más tardar el 1 de enero de 2022.
Aunque la CTA tenía por objeto dificultar el funcionamiento de las empresas ficticias anónimas con fines delictivos o de evasión fiscal, la amplia red que proyecta significa que, por primera vez en la historia, existen ahora requisitos federales de información para las pequeñas empresas que exigirán la recopilación y notificación anual de información sobre la propiedad.
Cualquier parte que intencionalmente no cumpla con los requisitos de información de la CTA puede ser responsable de multas de alrededor de US $ 500 por cada día que haya un incumplimiento intencional de la información sobre la propiedad beneficiosa, y esas partes pueden ser objeto de multas, hasta US $ 10.000 o prisión de hasta dos años.