Corporate Transparency ACT - Empresas Declarantes

El 1 de enero de 2021, el Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021. La CTA exige que la mayoría de las empresas privadas constituidas en EE.UU. o registradas para hacer negocios en ese país comuniquen la información sobre la propiedad efectiva a la oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Aunque la CTA pretende eliminar el anonimato de los individuos que utilizan empresas ficticias para actividades ilegales, los requisitos de información afectarán a las empresas privadas legítimas. Las empresas deben conocer y prepararse para los nuevos requisitos de información para evitar sanciones civiles y penales por no presentar la información cuando se requiera.  

Tipos de empresas obligadas a informar sobre los beneficiarios efectivos en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa – CTA

Las empresas que están obligadas a informar a la FinCEN sobre sus beneficiarios reales y solicitantes en virtud de la CTA son cualquier sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada u otra entidad similar que se haya constituido en los Estados Unidos o que se haya constituido con arreglo a la legislación de un país extranjero y se haya registrado para hacer negocios en los Estados Unidos.  Algunas empresas están exentas de los requisitos de información, entre ellas

• las empresas que cotizan en bolsa;
• los bancos, las compañías de seguros, las empresas de inversión registradas en la Comisión del Mercado de Valores y las cooperativas de crédito empresas de contabilidad pública;
• las empresas que emplean a más de veinte personas, presentan una declaración de impuestos con ingresos brutos de más de 5 millones de dólares y tienen presencia física en EE.UU;
• organizaciones sin ánimo de lucro; y
• cualquier entidad designada por el Secretario del Tesoro como exenta.

No está claro si el alcance de «otra entidad similar» en virtud de la CTA incluirá las sociedades (generales o limitadas) o los fideicomisos hasta que se haya adoptado la normativa de la CTA. La normativa de la CTA sería coherente con las actuales normas de diligencia debida del cliente de la FinCEN si incluye las sociedades limitadas y los fideicomisos empresariales, pero excluye las sociedades generales y la mayoría de los fideicomisos de planificación patrimonial. Una vez que la normativa entre en vigor, las empresas empezarán a tener que informar. Así que las compañías formadas, asumiendo que las nuevas regulaciones entren en vigor el 1 de enero, entonces cualquier compañía formada en o después del 1 de enero debe reportar la propiedad beneficiosa y la información del solicitante en el momento de la formación. Nuevamente, cualquier compañía que reporte debería decir que se forme en o después del 1 de enero. En cuanto a las empresas existentes, todo lo que se formó antes del 1 de enero de 2022, van a tener dos años para presentar el informe. Así que las empresas que existían antes, que se formaron el 31 de diciembre de 2021, o en cualquier momento anterior, si son una empresa que reporta, tendrán hasta el final de 2023 para reportar la información de propiedad beneficiosa.