Requisitos de Informacion – CTA

Bueno, en primer lugar, tenemos que ver algunas de las definiciones que están involucrados aquí en quién tiene que informar y lo que los informes implican.

En primer lugar, y este es un concepto importante que se define en la Ley, es el concepto de empresa declarante. Una empresa declarante es, según la ley, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una entidad similar que se crea mediante la presentación de un registro en la Secretaría de Estado o en una oficina similar en los territorios y las tribus indígenas, y, ya sabes, los artículos de incorporación, el certificado de organización, o cualquiera que sea la terminología bajo la ley del estado en particular. También incluye una corporación, LLC, o entidad similar que se forma bajo la ley de un gobierno extranjero y se registra para hacer negocios en los EE.UU. mediante la presentación de algún tipo de información de registro, ya sea con el secretario de Estado o con la oficina similar en un territorio o tribu. 

Ahora, una cuestión que tiene que ser resuelta por la normativa es qué es una entidad similar, y todavía no lo sabemos. Probablemente incluya cosas como sociedades limitadas, tal vez fideicomisos estatutarios, fideicomisos empresariales y ese tipo de cosas. Esperaremos y veremos. Tenemos que esperar a que salga la normativa. Y sé que, basándome en la información reciente, esta será una de las cosas que se abordarán en los reglamentos cuando se publiquen.

Ahora bien, hay exclusiones a la definición de empresa declarante. Y, de hecho, hay muchas definiciones o muchas exclusiones a la definición. He contado 24 exclusiones de la definición de empresa declarante. He visto y oído a otros presentadores decir cosas como que había 23 o hasta 26. Así que depende, supongo, de la interpretación. Y creo que la interpretación va a ser definida en última instancia por la regulación.

Pero hay algunas reglas generales que podemos sacar de esto cuando se trata de exclusiones. Como regla general, las empresas que están excluidas de la definición de empresa declarante son las que ya están sujetas a regulación. Así, por ejemplo, parece que las instituciones financieras no van a estar sujetas a ser empresas declarantes porque ya están normalmente bajo la regulación del Contralor de la Moneda u otro equivalente estatal.

Las empresas que están sujetas a la regulación de la Comisión de Valores y Bolsa, las compañías de seguros, los servicios públicos y otras entidades similares, ciertos tipos de empresas de inversión. Así que hay una amplia gama de entidades que no entrarán en la definición de empresa declarante. Y, de nuevo, esperamos que la normativa proporcione una mayor aclaración.

También hay otras exclusiones. Las empresas inactivas, por ejemplo, en determinadas circunstancias, así como cualquier entidad con más de 20 empleados que haya presentado una declaración de la renta en EE.UU. el año anterior que muestre al menos 5 millones de dólares en ingresos brutos y que tenga una presencia física o una oficina física en los Estados Unidos que esté realmente en funcionamiento.

También es posible, por cierto, que el FinCEN o el Tesoro amplíen la lista de exclusiones con el tiempo a través de la regulación, a medida que adquieran experiencia con los requisitos de información. El objetivo de los requisitos de información es mantenerlo tan simple como sea posible. Veremos hasta qué punto son capaces de hacerlo. Pero es posible que puedan ampliar la lista de exclusiones, y tienen autoridad legal para hacerlo.

Una de las grandes cuestiones que van a surgir, una vez que la ley entre en vigor, es si una empresa concreta entra en una de las entidades excluidas de ser una empresa declarante. Y esto va a ser una gran zona gris porque los secretarios de Estado no podrán responder a esa pregunta. Simplemente no van a tener esa información. Y el FinCEN no podrá responder a esa pregunta. 

Basándonos en la información que conocimos, no van a proporcionar ese tipo de orientación. De hecho, el FinCEN dijo que las entidades individuales van a tener que buscar una serie de canales diferentes para determinar si están sujetos a los requisitos de información. Así que esto probablemente va a requerir la consulta con un asesor legal para una empresa para hacer esa determinación. 

Ahora, las empresas declarantes tendrán que informar sobre la propiedad efectiva. En realidad, también tendrán que reportar para los solicitantes, pero tanto la información del beneficiario final como la del solicitante.

Ahora bien, ¿qué es un beneficiario efectivo? 

La ley define al «beneficiario efectivo» como una persona que ejerce un control sustancial sobre la entidad o que posee o controla al menos una cuarta parte de la entidad. También hay algunas exclusiones del beneficiario efectivo. Un hijo menor de edad, por ejemplo, no es beneficiario efectivo si el padre o tutor está obligado a informar en virtud de la Ley de Transparencia Empresarial. En determinadas circunstancias, una persona física que actúe únicamente como representante, agente y otras cosas en nombre de otra persona física. Un individuo que es únicamente un empleado y su beneficio económico de la entidad se deriva únicamente de esa condición de empleado. Una persona que hereda el derecho, y un acreedor. Sin embargo, es posible que un acreedor pueda entrar en la definición de beneficiario efectivo si pero cumple uno de los dos criterios, incluido el de ejercer un control sustancial sobre la entidad. 

¿En qué momento ocurriría eso? 

Esperamos que se defina en la normativa en algún momento, pero aún no lo sabemos.

He mencionado que una empresa declarante también tiene que informar sobre los solicitantes. Solicitante significa un individuo que presenta la solicitud para formar una entidad o registra o presenta los documentos necesarios para registrar una entidad extranjera, ya sabes, una corporación, LLC, o similar que se forma bajo la ley extranjera para que puedan hacer negocios en los Estados Unidos. Así que esto tiene algunas ambigüedades.

Por ejemplo, ¿la definición incluiría al constituyente que firma los documentos presentados para formar la entidad? ¿O incluiría al bufete de abogados que presentó los documentos en nombre de un cliente para constituir una entidad? ¿Es posible que los informes anuales estén incluidos en el registro mencionado anteriormente? Probablemente no, pero nunca se sabe. Eso lo determinará la normativa. ¿También podrían las empresas de servicios, como CSC? Nos preocupa que podamos entrar en el ámbito de esa definición. Estamos esperando a ver. La normativa debería servir para aclarar quién sería exactamente un solicitante según la ley.

Ahora, la empresa informante debe proporcionar un informe tanto para los beneficiarios finales como para los solicitantes, y ese informe debe incluir cierta información que incluirá… y así el informe va a identificar a cada beneficiario final y a cada solicitante por su nombre legal completo, fecha de nacimiento, su dirección actual, que según el estatuto o la Ley puede ser una dirección comercial o residencial, y finalmente un número de identificación único de un documento de identificación aceptable. Un documento de identificación aceptable está parcialmente definido en la Ley, por supuesto una licencia de conducir emitida por el estado, un pasaporte, cosas así. Como alternativa, se puede proporcionar un identificador FinCEN. Más sobre esto en un momento.

Ahora bien, si una entidad exenta tiene una participación en la empresa declarante, todo lo que ésta tiene que hacer es proporcionar el nombre de la entidad exenta. Así que es muy posible que una empresa declarante tenga entidades exentas como parte de su estructura de propiedad.

Hace un momento he mencionado el identificador FinCEN. El identificador FinCEN es un número de identificación único emitido por FinCEN a una persona individual en virtud de las disposiciones de la Ley. Se emite a petición de un individuo, y el individuo que lo solicita tiene que solicitar y proporcionar a FinCEN toda la misma información que se requeriría para un beneficiario o solicitante. Y el FinCEN emitirá un identificador por individuo. No emitirán más de uno a un individuo. Y una vez que la persona haya recibido un identificador de la FinCEN, puede simplemente proporcionarlo en lugar de toda la demás información. Pero tienen que mantener la información que proporcionan a FinCEN actualizada, lo que significa presentar informes cada vez que haya cambios en la información requerida por FinCEN para el identificador único.

Ahora bien, estos identificadores únicos se van a utilizar, como he dicho, en lugar de reportar toda la información requerida para un beneficiario o solicitante. Y esto será muy útil para los individuos que están involucrados en muchas formaciones de empresas. Si es una parte regular del trabajo de alguien, esta será una manera de minimizar las obligaciones de presentación de informes, y también hace que sea más fácil cambiar la información, ya que sólo puede cambiar por la persona con el identificador de la actualización de la información del identificador en lugar de que aparezca en cada entidad individual para el que se utiliza el FinCEN identificar y presentar un informe de actualización. Pero en esa línea vamos a tener que esperar y ver lo que las regulaciones tienen.

En cuanto al momento de presentar el informe, una vez que la ley entre en vigor, las entidades recién constituidas y las entidades que se constituyan con arreglo a la legislación de un gobierno extranjero y se registren por primera vez tendrán que comunicar la información sobre el beneficiario efectivo y el solicitante en el momento de la constitución o el registro. Ahora bien, el momento exacto, creo que está abierto a la interpretación. Esto tendrá que ser resuelto por la regulación, pero yo esperaría que hubiera algún tipo de período de gracia en el que informar, tal vez unos días después de la formación. Esperaremos a ver qué dice la normativa al respecto.

En cuanto a las entidades existentes, las que se constituyan en cualquier momento antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia Corporativa, si son una empresa declarante, tendrán que informar en los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor del reglamento, que esperamos que sea el 1 de enero de 2022. Por lo tanto, dos años después de la entrada en vigor de la Ley, tendrán que informar sobre la propiedad beneficiaria y la información del solicitante.

Ahora bien, la información sobre los beneficiarios y solicitantes puede cambiar con el tiempo, y la Ley de Transparencia Empresarial lo tiene en cuenta. Prevé la presentación de informes sobre la información modificada o actualizada sobre los beneficiarios finales y los solicitantes. Y de hecho, la ley dice que se requiere un informe actualizado para cualquier cambio en la información sobre la propiedad beneficiaria. ¿Qué es exactamente lo que constituye un cambio? Es posible que la normativa determine que cualquier cambio significa cualquier cambio material. Pero habrá que esperar a ver qué dice la normativa.

Ahora bien, en la ley se dice que la empresa declarante debe presentar la información modificada a más tardar un año después de que cambie la información sobre el beneficiario o el solicitante. Sin embargo, eso es algo que podría cambiar con el tiempo porque la Ley permite que los reglamentos del Tesoro establezcan un período más corto. Así que esperaremos a ver qué puede ser. Y también podría cambiar después de la entrada en vigor de la Ley, porque el Departamento del Tesoro estará en los dos primeros años revisando constantemente el funcionamiento de los reglamentos y haciendo los ajustes necesarios.

Así que toda esta información se proporciona a FinCEN, y FinCEN está almacenando en su base de datos. Y la razón por la que lo hacen es para poder divulgarla a aquellos que tienen derecho a solicitarla según la Ley de Transparencia Corporativa. Así que es importante saber dónde se puede revelar esa información, quién puede tener acceso a ella. Translated with 

Bueno, en realidad hay tres grandes grupos que pueden acceder a esa información. Uno es el federal. El gobierno federal puede solicitarla. Ciertas personas dentro del gobierno federal pueden solicitarla. Así que FinCEN puede revelar la información sobre el beneficiario final a petición de una agencia federal que participa en la seguridad nacional, la inteligencia, o la actividad de aplicación de la ley, siempre y cuando la solicitud es en la búsqueda de dicha actividad. Así que la divulgación está limitada y el uso de la información se limita al propósito específico de la divulgación.

Las agencias federales también pueden solicitar la información en nombre de las fuerzas de seguridad de un gobierno extranjero, de un fiscal o de un juez si existe un tratado internacional que lo contemple o si hay otras circunstancias especificadas en la ley.

También puede ser divulgada por el FinCEN a petición de un regulador funcional federal, y ya veremos qué dice el reglamento. Los reglamentos proporcionarán protocolos para solicitar y divulgar la información y es de esperar que aclaren qué agencias federales pueden solicitarla incluso más allá de lo que establece la Ley.

Ahora, a nivel estatal, la aplicación de la ley a nivel estatal . . y por estado, «estado» se define ampliamente en la Ley. Significa un estado, un territorio o una jurisdicción tribal de Estados Unidos. Así que si una agencia de aplicación de la ley de una de estas jurisdicciones locales lo solicita con la aprobación de un tribunal de jurisdicción competente, entonces puede ser liberado para su uso en una investigación civil o penal. Así que puede ser liberada a la administración local para investigaciones civiles y penales.

Por último, la información de la FinCEN puede ser revelada a las instituciones financieras que están bajo las obligaciones de diligencia debida del cliente. Así que puede ser a petición de la institución financiera si tiene que hacer la debida diligencia de los clientes, pero hay un calificativo para eso. La institución financiera debe obtener primero el consentimiento de la empresa declarante para tener acceso a la información sobre la propiedad efectiva de la empresa declarante.

Ahora, una cosa que quiero mencionar es el impacto que esto tendrá en las oficinas de registro del estado. Es decir, los secretarios de Estado y el NASS estaban preocupados por las obligaciones adicionales que esto les impondría. Y la Ley de Transparencia Corporativa abordó en gran medida esas preocupaciones. Pero hay algunas obligaciones que se impondrán a las oficinas de registro a nivel estatal, incluidos los territorios y las tribus.